No ganamos para sustos...

Con esta oposición no ganamos para sustos. El Presidente del Partido Popular en Baleares afirmó, hace muy poco, que tenía la intención de acabar con nuestra lengua autonómica. La semana pasada el conservador Alcalde Vallisoletano se permitió el lujo de airear a los medios sus más depravados y machistas pensamientos. Y hoy tenemos las declaraciones del Sr. Rajoy afirmando que pretende acabar con el Estado de las Autonomías.
La cuestión no sería más que otra muestra de la demagogia a la que nos tienen acostumbrados si no fuera por el trasfondo del asunto. Las Autonomías se constituyen al amparo del art. 147 de la Constitución de 1978 tras la promulgación de su correspondiente Estatuto de Autonomía y con el refrendo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
La Constitución Española reconoce de facto la autonomía de las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes (transcripción literal) y siempre al amparo de su art. 2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”
Las competencias de las Autonomías son siempre pactadas y delegadas del órgano superior al inferior, por lo que, cuando exista una teórica duplicidad de funciones la responsabilidad es siempre del órgano superior que, muchas veces, es reticente a cumplir con una efectiva delegación que tiene, como única razón de ser, la de facilitar al usuario un contacto más directo y próximo con la Administración.
Pero lo más demagógico del argumento conservador es el pretendido exceso de burocracia de nuestras Administraciones que se refleja en la cantidad de funcionarios. Recordemos algunas cifras. España tiene aproximadamente 18,4 millones de trabajadores, de los cuales 3,1 millones son funcionarios repartidos en las siguientes cuotas: 56% son funcionarios de las Administraciones Autonómicas, 18% son funcionarios de la Administración Central y 26% son funcionarios de los Ayuntamientos. Lo compararemos con nuestro vecino galo que no tiene ese “pretendido” problema de duplicidad y vemos que Francia tiene 21,6 millones de trabajadores de los cuales 5,2 millones son trabajadores públicos. O sea que, sacando porcentajes, resulta que Francia, sin Administración Autonómica, tiene un 24% de sus trabajadores que son funcionarios públicos y España, con su tremenda carga autonómica, tiene un 19,5%.
Quizás el Sr. Sarkozy se está planteando crear un Estado de Autonomías comparado al Español como medida para el recorte de funcionarios…